jueves, 31 de octubre de 2013

Cuatro comunidades resisten a la fumigación de sojales

La FNC denuncia que el envenenamiento masivo de las comunidades ocurre bajo la complicidad de las autoridades nacionales.
Ante crecientes amenazas y presencia policial, cuatro comunidades agremiadas a la Federación Nacional Campesina (FNC) están resistiendo desde el martes 29 pasado la fumigación de sojales ubicados a solo dos metros de caminos vecinales, fuentes de agua, huertas y viviendas de la gente. “La fumigación con agrotóxicos envenena nuestros cultivos, fuentes de agua, mata los animales y enferma a las personas” señalaron Teodolina Villalba y Marcial Gómez, secretaria general y secretario general adjunto del gremio. Señalaron que la resistencia a la fumigación es una determinación política nacional de la FNC y que las comunidades seguirán resistiendo.

Las comunidades en resistencia son San Vicente (distrito de San Pedro), Tacuati Guazú (distrito de San Joaquín, Caaguazú), Ñurumi (distrito de Caaguazú) y Colonia Tava Jopoi (distrito de Curuguaty). Señalaron que las comunidades están reunidas en asamblea permanente y que gracias a la organización colectiva han logrado frenar la fumigación a lo largo de estos tres días.

La sojización fue una de las problemáticas más urgentes que viene planteando la FNC ante la sociedad nacional: el envenenamiento masivo de las comunidades, sus fuentes de agua y la aniquilación de los cultivos de autoconsumo por las fumigaciones de los grandes productores de soja, trigo y otros cultivos relacionados con el modelo agroexportador. Este modelo de producción se sostiene sobre la estructura desigual de la tenencia de la tierra y, al igual que esta, expulsa y excluye a miles de pequeños productores y sus familias.

El gremio sigue denunciando los problemas de salud que las fumigaciones con agrotóxicos ocasionan: dificultades respiratorias, escoriaciones en la piel, malformaciones de bebés, el aumento de enfermos y enfermas de cáncer en las zonas afectadas. “Lo más grave es que todo esto ocurre bajo la complicidad de las autoridades nacionales, que nada hacen para proteger a la población más pobre de estos abusos” señalaron.



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